La crisis de Ceuta comenzó como una entrada migratoria masiva y, dos meses después, se ha convertido en un problema político, diplomático y europeo de primera magnitud. Entre el 30 y el 31 de julio, decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta por tierra y por mar. Las estimaciones sobre el número exacto oscilan entre algo más de 70.000 y alrededor de 80.000 personas.
La magnitud del episodio desbordó la capacidad de acogida de la ciudad y provocó una crisis inmediata de seguridad, servicios públicos y gestión migratoria. También abrió una discusión que continúa a 1 de octubre: ¿fue una avalancha provocada fundamentalmente por la desinformación y las redes de tráfico de personas o existió algún grado de intervención o permisividad deliberada por parte de Marruecos?
La respuesta a esta pregunta ha condicionado buena parte de la actuación del Gobierno español y de la batalla política posterior.
El origen: las alertas de los días previos
La documentación publicada posteriormente por el Gobierno permite reconstruir que durante julio ya existían avisos sobre el incremento de los intentos de entrada por mar y sobre la situación migratoria en Ceuta.
El 27 de julio el CNI remitió una nota informativa sobre inmigración irregular a las autoridades correspondientes. El 28 y el 29 de julio se sucedieron comunicaciones internas y avisos relacionados con posibles intentos de entrada.
El 29 de julio aparece uno de los elementos centrales de la controversia. Un agente del CNI comunicó al gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta que en redes sociales circulaban llamamientos para intentar entrar por la valla y por mar al día siguiente, coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos. El mensaje señalaba además que dos grupos acumulaban unos 180.000 seguidores.
Ese mismo día también se comunicó a la Guardia Civil la existencia de convocatorias para un intento de entrada.
El Gobierno ha sostenido posteriormente que esos avisos no permitían anticipar una operación de la magnitud que finalmente se produjo. La oposición y algunos socios parlamentarios han considerado, por el contrario, que las comunicaciones demuestran que existían señales suficientes para reforzar la frontera.
30 de julio: el colapso de la frontera
Durante la mañana del 30 de julio comenzó la entrada masiva. Miles de personas se dirigieron hacia Ceuta utilizando distintos puntos de la costa y de la frontera terrestre.
La presión alcanzó una dimensión extraordinaria. Los agentes españoles se encontraron ante una situación en la que el control fronterizo y la atención a personas que llegaban por mar entraban en conflicto con la necesidad de evitar muertes.
El Gobierno sostiene que los agentes optaron por priorizar la protección de la vida humana. En las horas y días siguientes se desplegaron Policía Nacional, Guardia Civil y posteriormente efectivos de las Fuerzas Armadas.
La tragedia humana acompañó a la entrada masiva. Las cifras de fallecidos han variado según las fuentes y continúan existiendo diferencias sobre el balance definitivo.
La primera explicación del Gobierno: redes, bulos y la sentencia del Supremo
En los primeros momentos, el Gobierno español puso el foco en las redes de tráfico de personas y en la difusión de información falsa.
Una de las claves fue una interpretación difundida en redes sociales de una sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones inmediatas de personas que entraban en Ceuta y Melilla por vía marítima.
Según la explicación posterior de Pedro Sánchez, esa interpretación hizo creer a numerosos potenciales migrantes que la entrada por mar permitiría permanecer en España o solicitar protección con mayores posibilidades de éxito.
El Gobierno describió así la crisis como un fenómeno complejo y multicausal en el que intervinieron desinformación, redes de tráfico y distintos factores sociales.
En esta primera fase, además, Moncloa evitó atribuir públicamente a Marruecos la organización de la entrada masiva.
Marruecos: de socio necesario a elemento bajo investigación
Aquí aparece una de las principales dificultades políticas de la crisis.
España necesita la cooperación de Marruecos para controlar la frontera, evitar nuevas entradas y ejecutar los retornos. Pero, al mismo tiempo, comenzaron a aparecer informaciones que apuntaban a una actuación insuficiente de las fuerzas marroquíes durante las horas críticas.
El 30 de julio, el Ministerio del Interior español destacó oficialmente la colaboración de Marruecos y agradeció los esfuerzos realizados por sus fuerzas de seguridad para impedir miles de intentos de entrada.
La posición marroquí evolucionó en paralelo. Rabat atribuyó posteriormente la crisis a la desinformación, las mafias y las interpretaciones erróneas de la sentencia española. Marruecos sostuvo que había actuado para controlar la frontera y presentó su actuación como la de un socio que también había sufrido las consecuencias de la crisis.
Pero posteriormente aparecieron informes policiales españoles que apuntaban a una posible actuación de agentes marroquíes durante la entrada masiva.
Uno de los documentos difundidos en septiembre señalaba que gendarmes marroquíes, tanto uniformados como de paisano, podrían haber guiado grupos de migrantes hacia la frontera. Esa información fue rápidamente cuestionada dentro del propio aparato policial: el director general de la Policía afirmó que no existía un informe policial que permitiera atribuir al Gobierno marroquí la planificación o ejecución de los hechos.
Por tanto, a 1 de octubre, la cuestión central continúa abierta: existen indicios y testimonios que alimentan la hipótesis de una actuación marroquí, pero no existe una conclusión pública definitiva que permita afirmar que Rabat organizó la entrada masiva.
El cambio de discurso de Sánchez
La posición de Pedro Sánchez ha experimentado varios matices durante estos dos meses.
Inicialmente, el Gobierno puso el acento en las redes sociales, la desinformación y las mafias. Posteriormente Sánchez afirmó que no existían pruebas sólidas de que Marruecos hubiera planificado o ejecutado la entrada.
En su comparecencia parlamentaria del 3 de septiembre, el presidente mantuvo esa posición, pero introdujo un elemento nuevo: si aparecían pruebas sólidas de una participación marroquí, España actuaría con contundencia.
El Gobierno también reconoció que había convocado a la embajadora de Marruecos el 21 de agosto por declaraciones de responsables marroquíes sobre Ceuta y Melilla.
El siguiente cambio llegó en septiembre. Sánchez afirmó que el mecanismo de control fronterizo marroquí había fallado el 30 de julio y que Rabat debía proporcionar respuestas y adoptar medidas para impedir que algo semejante volviera a suceder.
Sánchez negó que esto supusiera un cambio de posición. Su argumento pasó a distinguir entre dos cuestiones: una cosa es afirmar que los controles marroquíes fallaron y otra diferente sostener que el Gobierno marroquí organizó deliberadamente la entrada.
Esta distinción es fundamental para entender la posición actual de Moncloa.
La crisis interna del Gobierno
La gestión de Ceuta también ha abierto una crisis de responsabilidad dentro del propio aparato del Estado.
La publicación en septiembre de 40 informes y comunicaciones de Policía, Guardia Civil, CNI y CIFAS generó una discusión sobre qué información existía antes del 30 de julio y quién la recibió.
Uno de los puntos más polémicos fue un mensaje de WhatsApp del CNI del 29 de julio sobre las convocatorias en redes sociales. El Gobierno ha sostenido que aquello no constituía una alerta operativa sobre una entrada masiva de la dimensión que finalmente se produjo.
La oposición y varios socios parlamentarios interpretaron los documentos de manera diferente.
El conflicto llegó a afectar al propio Gobierno: Defensa sostuvo que el CNI había avisado a la Delegación del Gobierno, mientras que Interior y la Delegación defendieron que no existió un informe que anticipara la magnitud de la operación.
La dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, el 28 de septiembre añadió una nueva dimensión política al caso. Pérez Triano alegó motivos personales y la presión recibida, y defendió que su Delegación no tenía control operativo directo sobre la frontera.
El 30 de septiembre, además, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declaró ante la Audiencia Nacional que había intentado alertar al Gobierno entre el 27 y el 29 de julio. La versión de Vivas y la del Gobierno sobre el número y alcance de esas comunicaciones no coinciden.
La Audiencia Nacional entra en escena
La crisis ha dejado de ser exclusivamente política.
La Audiencia Nacional investiga las circunstancias de la entrada masiva y trata de determinar si existió una actuación coordinada y quién pudo estar detrás de ella.
La publicación de los informes de los servicios de seguridad fue precisamente una de las consecuencias de esa investigación.
Por ahora no existe una resolución judicial que establezca que Marruecos organizó la entrada. Tampoco se ha cerrado la investigación sobre la actuación de las autoridades españolas antes y durante los acontecimientos.
Esto significa que algunas de las afirmaciones políticas que se han hecho durante las últimas semanas siguen siendo hipótesis o interpretaciones, no hechos judicialmente establecidos.
Marruecos después de la crisis
Rabat ha intentado mantener abierta la cooperación con España.
Marruecos ha reforzado posteriormente la vigilancia de la frontera y ha actuado contra nuevas convocatorias difundidas por redes sociales. En agosto, por ejemplo, las autoridades marroquíes detuvieron a personas que intentaban aproximarse a la frontera tras nuevas llamadas a una entrada masiva.
En septiembre, el ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, sostuvo que el retorno de los migrantes que todavía permanecen en Ceuta corresponde a España y que Marruecos está dispuesto a colaborar.
Esta cooperación es importante porque España necesita a Marruecos para gestionar los retornos y para impedir una repetición de los acontecimientos de julio.
Al mismo tiempo, Marruecos ha rechazado las acusaciones de haber instrumentalizado la inmigración contra España y ha advertido contra lo que considera intentos de convertir al país en responsable de una crisis política española.
El impacto sobre España
Para España, Ceuta ha supuesto tres crisis simultáneas.
La primera es humanitaria: miles de personas tuvieron que ser identificadas, alojadas y sometidas a procedimientos administrativos.
La segunda es de seguridad: el Estado ha reforzado considerablemente su presencia en la ciudad y ha declarado una situación de interés para la Seguridad Nacional que, en principio, permanece vigente hasta el 31 de diciembre.
La tercera es política.
El Gobierno ha tenido que responder a las críticas de la oposición, de parte de sus socios parlamentarios y también del Gobierno de Ceuta.
El Congreso aprobó el 16 de septiembre el paquete de 309 millones de euros destinado a Ceuta. La medida salió adelante por 304 votos a favor, 33 en contra y 7 abstenciones, y posteriormente pasó a tramitarse como proyecto de ley.
Pero el mismo día el Congreso reprobó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su gestión de la crisis.
La cuestión migratoria también ha provocado un giro en algunas propuestas del Gobierno. El Ejecutivo estudia mecanismos para acelerar los procedimientos de identificación, protección internacional y retorno en situaciones de crisis migratorias excepcionales.
El cambio resulta especialmente significativo porque se produce después de una crisis que ha obligado al Gobierno a equilibrar dos principios: el cumplimiento de las obligaciones internacionales de protección y la necesidad de recuperar rápidamente el control administrativo de la ciudad.
¿Puede caer el Gobierno por Ceuta?
Ceuta, por sí sola, no provoca la caída automática del Gobierno.
En España existen varios mecanismos constitucionales que pueden producir un cambio de Ejecutivo. Una moción de censura necesita mayoría absoluta del Congreso y debe incluir un candidato alternativo. Una cuestión de confianza planteada por el presidente se supera por mayoría simple. También existe la posibilidad de una disolución de las Cortes y convocatoria electoral.
La aritmética parlamentaria explica por qué la crisis es políticamente relevante.
En la composición actual del Congreso, el PP dispone de 137 diputados y Vox de 32. Juntos suman 169, siete menos de los 176 necesarios para una moción de censura aprobada por mayoría absoluta. Por tanto, una eventual censura necesitaría incorporar apoyos adicionales de otros grupos.
La crisis de Ceuta ha complicado la relación del Ejecutivo con algunos de sus socios. Junts, ERC y PNV han cuestionado distintos aspectos de la actuación del Gobierno, especialmente después de conocerse los informes previos al 30 de julio.
Sin embargo, las votaciones sobre Ceuta también muestran que crítica al Gobierno y ruptura parlamentaria no son necesariamente lo mismo. El decreto de ayudas de 309 millones fue convalidado por 304 votos, con apoyo del PP y abstención de Junts.
Por eso, el escenario de una caída del Gobierno debe distinguirse de una situación de debilidad parlamentaria. La primera requiere que se rompa efectivamente la confianza parlamentaria o que el presidente decida disolver las Cortes; la segunda puede permitir que el Ejecutivo continúe gobernando mientras negocia cada votación.
El factor electoral
La crisis también ha tenido un efecto político medible.
El barómetro del CIS de septiembre, el primero realizado después de la entrada masiva, registró una caída de alrededor de dos puntos en la estimación de voto del PSOE respecto al barómetro anterior, mientras el PP avanzaba ligeramente y Vox aumentaba su porcentaje.
Estos datos describen el estado de opinión medido por una encuesta concreta; no permiten por sí mismos establecer que vaya a producirse un cambio de Gobierno.
Lo que sí muestran es que Ceuta se ha incorporado al debate electoral nacional y se suma a otros problemas que ya afectaban a la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo.
La Unión Europea: de una crisis española a un problema europeo
El impacto sobre la UE ha sido inmediato.
Ceuta es una frontera exterior de la Unión Europea y, aunque tiene un régimen particular dentro de Schengen, cualquier crisis de esta dimensión afecta al debate sobre la gestión de las fronteras exteriores y los movimientos secundarios de migrantes.
La Comisión Europea concedió a España 114,7 millones de euros de ayuda de emergencia y puso a disposición del Gobierno apoyo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea.
La UE también abrió una discusión sobre cómo responder a futuras crisis similares.
El Parlamento Europeo reclamó una investigación independiente y exhaustiva sobre lo ocurrido y aprobó en septiembre una resolución que calificó los acontecimientos de Ceuta como una instrumentalización de la migración y reclamó responsabilidades.
Al mismo tiempo, la crisis provocó tensiones dentro del espacio Schengen. Italia introdujo temporalmente controles en sus fronteras aéreas y marítimas con España alegando riesgos relacionados con movimientos secundarios derivados de la situación de Ceuta.
A finales de septiembre, Bruselas planteó reforzar Frontex, crear mecanismos de alerta temprana y aumentar la capacidad europea para responder rápidamente ante crisis fronterizas.
La cuestión ya no es únicamente qué debe hacer España para proteger Ceuta, sino hasta qué punto la protección de una frontera exterior europea debe ser responsabilidad del conjunto de la Unión.
1 de octubre: una crisis todavía abierta
A 1 de octubre, la situación ha mejorado respecto al caos de los primeros días, pero Ceuta todavía no ha recuperado plenamente la normalidad.
Según el último balance del Gobierno, desde el 10 de agosto han regresado 8.243 personas: 7.794 mediante retornos voluntarios y 449 mediante expulsiones.
El sistema de protección de menores mantiene a 2.493 menores, mientras se han trasladado 213 a la península. En paralelo, se han realizado 3.220 triajes de adultos.
El Estado mantiene un importante despliegue de seguridad. La declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional continúa vigente hasta finales de diciembre y ha sido modificada para incorporar nuevas infraestructuras de acogida.
El Gobierno también ha nombrado a David de la Encina como nuevo delegado del Gobierno en Ceuta tras la salida de Pérez Triano.
La crisis económica tampoco ha desaparecido. El Ejecutivo ha movilizado 309 millones de euros para seguridad, acogida, servicios públicos, empleo y actividad económica, mientras Bruselas ha aportado otros 114,7 millones de emergencia.
Tres preguntas que siguen sin respuesta
Dos meses después, la crisis de Ceuta puede resumirse alrededor de tres preguntas todavía abiertas.
La primera: ¿hasta qué punto pudo anticiparse la entrada masiva y fueron adecuadamente utilizados los avisos disponibles?
La segunda: ¿Marruecos simplemente perdió el control de su frontera o existió una actuación deliberada para facilitar o dirigir parte de la entrada?
La tercera: ¿será capaz el Gobierno español de mantener simultáneamente la cooperación con Rabat, recuperar la normalidad en Ceuta y conservar suficiente apoyo parlamentario para completar la legislatura?
La respuesta a la primera y segunda preguntas dependerá en buena medida de la investigación judicial y de la información de los servicios de seguridad. La tercera es esencialmente política y dependerá de las decisiones de los grupos parlamentarios y del propio Pedro Sánchez.
Lo que sí puede afirmarse ya es que la crisis ha alterado la relación entre los tres actores principales.
Para España, Ceuta ha dejado de ser únicamente una cuestión fronteriza y se ha convertido en un problema de seguridad, migración, política interior y estabilidad parlamentaria.
Para Marruecos, la crisis ha puesto a prueba su relación estratégica con España y con la Unión Europea, pero Rabat mantiene el argumento de que ha actuado como socio en el control migratorio y rechaza cualquier responsabilidad deliberada en la entrada masiva.
Para la Unión Europea, Ceuta ha evidenciado que una crisis localizada en una frontera española puede convertirse rápidamente en una cuestión europea, afectando al sistema Schengen, a la política común de asilo y a la cooperación con terceros países.
Y para el Gobierno de Pedro Sánchez, el principal problema ya no es solamente cómo gestionar la llegada de decenas de miles de personas. Es explicar qué ocurrió realmente antes y durante el 30 de julio, responder a las responsabilidades políticas que se le exigen y decidir hasta dónde puede modificar su política migratoria y su relación con Marruecos sin romper los equilibrios que han sostenido su política exterior y su mayoría parlamentaria.