Los republicanos afrontan las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre con una montaña de dinero, una popularidad presidencial en mínimos y una incómoda pregunta: ¿de qué sirve financiar millones de anuncios si llenar el depósito se ha convertido en una prueba de resistencia para el bolsillo? Una contradicción flota en el aire para los republicanos: los superricos ganan como nunca, mientras los votantes pagan la gasolina.
Mucho dinero para salvar una campaña en apuros
En la política estadounidense hay dos recursos que cotizan al alza: el carisma y el dinero. Donald Trump nunca ha tenido problemas para conseguir el segundo. El primero, a juzgar por las encuestas de octubre, atraviesa una temporada bastante menos boyante.
A dos semanas de las elecciones de mitad de mandato, los republicanos han desplegado una maquinaria financiera gigantesca para conservar sus mayorías en el Congreso. La operación tiene algo de paradoja: el partido que presume de representar al ciudadano corriente necesita ahora una extraordinaria concentración de dinero de grandes empresarios, multimillonarios y organizaciones de intereses económicos para intentar compensar el desgaste de su presidente.
Según los datos de financiación electoral recopilados por la Comisión Federal Electoral (FEC) y recogidos en la información de partida, los demócratas suman unos 2.309 millones de dólares entre las principales campañas, los comités nacionales y los grupos externos, frente a los 2.278 millones de los republicanos. La diferencia global es pequeña, pero esconde una distinción importante: los republicanos dependen en mayor medida de los grupos externos, que aportan una parte sustancial de su potencia financiera.
El presidente ha anunciado una inyección de cientos de millones de dólares para ayudar a sus candidatos, mientras Elon Musk y otros grandes financiadores contribuyen a sostener la ofensiva electoral conservadora. La campaña se ha convertido así en una demostración de músculo económico en la que los anuncios se multiplican, los adversarios reciben ataques publicitarios y las cifras alcanzan dimensiones que harían palidecer el presupuesto de más de un ministerio europeo.
El problema es que el dinero compra espacios publicitarios, personal, viajes y capacidad para difundir mensajes. No compra necesariamente confianza. Y mucho menos puede garantizar que un ciudadano que paga más por la gasolina crea que su economía doméstica marcha estupendamente porque se lo repitan veinte veces en televisión.
Las encuestas: el presidente pesa cada vez más
Los sondeos publicados en octubre dibujan un escenario complicado para el Partido Republicano.
La encuesta de Reuters/Ipsos publicada el 19 de octubre situó la aprobación de Trump en el 31%, su nivel más bajo en sus dos mandatos presidenciales. En la pregunta sobre qué partido votarían para el Congreso, los demócratas obtenían el 47% entre los votantes registrados, frente al 35% de los republicanos: una diferencia de doce puntos.
El sondeo de The Washington Post, ABC News e Ipsos también reflejaba un profundo desgaste: un 33% aprobaba la gestión presidencial y un 66% la desaprobaba. Además, los demócratas aventajaban en ocho puntos a los republicanos en la competición por el control de la Cámara de Representantes.
Las encuestas nacionales no permiten anticipar por sí solas el resultado de cada distrito ni de cada carrera al Senado. El sistema electoral estadounidense, con sus circunscripciones y sus particularidades estatales, puede producir resultados distintos de los que sugeriría una comparación nacional. Pero sí ofrecen una señal política difícil de ignorar: Trump se está convirtiendo en un problema para algunos de los candidatos que necesitan movilizar a los votantes republicanos sin espantar a los independientes.
Aquí aparece la contradicción. El presidente necesita que sus candidatos se beneficien de su popularidad para movilizar a la base, pero esa misma asociación puede perjudicarles entre quienes están descontentos con la economía o con las decisiones de la Casa Blanca.
La solución republicana parece consistir en añadir más publicidad a una situación que, al menos en parte, no es publicitaria. Si el votante está enfadado con el precio de la compra o del combustible, el problema no desaparece porque un anuncio atribuya toda la culpa al adversario.
La gasolina no entiende de eslóganes
La economía cotidiana es uno de los puntos más delicados para Trump. Durante su trayectoria política ha cultivado la imagen de un dirigente capaz de mejorar la situación económica de los estadounidenses, reducir costes y defender a quienes sienten que el sistema trabaja en su contra.
Sin embargo, los precios constituyen una prueba diaria que ningún discurso puede esquivar.
Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el precio medio nacional de la gasolina regular alcanzó los 4,28 dólares por galón el 20 de octubre de 2026. A comienzos de octubre, la organización ya advertía de que los precios se encontraban en máximos históricos para esa época del año. Un año antes, el promedio nacional rondaba los 3,07 dólares por galón.
La subida tiene consecuencias especialmente visibles para quienes dependen del automóvil para acudir al trabajo, llevar a los niños al colegio o desplazarse entre localidades. En muchas zonas de Estados Unidos, no disponer de vehículo propio no es una alternativa práctica. El combustible se convierte, por tanto, en un gasto difícil de evitar.
Para una familia con ingresos elevados, una diferencia de varios dólares al llenar el depósito puede resultar una molestia. Para un trabajador que llega justo a final de mes, puede significar recortar otros gastos. La misma subida tiene un impacto muy distinto según el tamaño del bolsillo.
Y aquí es donde la campaña republicana se enfrenta a una ironía particularmente incómoda. El votante que confió en Trump para proteger su poder adquisitivo puede encontrarse ahora pagando más por desplazarse, mientras contempla una campaña electoral en la que se gastan cientos de millones de dólares para convencerle de que las cosas van bien.
El precio de la gasolina no es el único factor económico ni depende exclusivamente de las decisiones presidenciales. El mercado internacional del petróleo, los costes de refinado, la oferta, la demanda y los acontecimientos geopolíticos influyen en el resultado. Pero eso no elimina el coste político: quien ocupa la Casa Blanca suele recibir parte del reconocimiento cuando los precios bajan y parte de la responsabilidad cuando suben.
La política tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entre los segundos figura que el electorado no siempre acepta las explicaciones sobre los factores externos con la misma facilidad con la que recuerda cuánto le ha costado llenar el depósito.
Los multimillonarios encuentran motivos para celebrar
La otra cara de esta campaña es el papel de los grandes patrimonios y de los intereses empresariales en la financiación política.
Los llamados Super PAC pueden recaudar cantidades ilimitadas de dinero y realizar gastos electorales independientes, siempre que respeten las reglas que regulan su actividad y no coordinen ilegalmente sus actuaciones con los candidatos. No son una particularidad de los republicanos: también los demócratas recurren a estas organizaciones. La diferencia que reflejan los datos de estas elecciones está en el peso y el destino de los fondos.
La financiación no demuestra por sí sola que cada donante obtenga un beneficio concreto a cambio de su aportación. Pero sí plantea una cuestión legítima sobre la influencia de los intereses económicos en las decisiones públicas, especialmente cuando los financiadores son personas o empresas con capacidad para influir en sectores enteros de la economía.
El debate se vuelve más relevante al examinar la política fiscal de la Administración Trump. La ley presupuestaria y tributaria promulgada el 4 de julio de 2025 mantuvo de forma permanente buena parte de las rebajas fiscales de 2017 e incorporó nuevas medidas.
El Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), un instituto de investigación fiscal, estimó que más del 70% de las reducciones netas de impuestos previstas para 2026 beneficiaría al 20% más rico de los contribuyentes, mientras que el 20% más pobre recibiría menos del 1%. El análisis también advertía de que los aranceles podían compensar, en muchos casos, las reducciones fiscales relativamente pequeñas destinadas a los trabajadores.
La pregunta política resulta inevitable: ¿Quién obtiene las ventajas más importantes del programa económico republicano y quién soporta sus costes?
Los grandes patrimonios disponen de asesores fiscales, inversiones diversificadas y recursos para aprovechar los cambios legislativos. Los trabajadores con salarios modestos tienen un margen mucho menor para absorber subidas de precios o compensar un aumento del gasto cotidiano. Y si los aranceles encarecen determinados bienes, parte de ese coste puede trasladarse a los consumidores.
La ironía está servida: el discurso de la defensa del ciudadano corriente convive con una política fiscal cuyos beneficios, según las estimaciones citadas, se concentran en gran medida en las rentas más altas. Para los multimillonarios, una reforma fiscal puede ser una oportunidad de optimización. Para una familia que llena el depósito varias veces por semana, la economía se mide de una manera bastante menos abstracta.
La chequera no borra las contradicciones
El Partido Republicano no carece de financiación ni los demócratas tienen garantizada la victoria. Los candidatos conservadores cuentan con apoyos importantes, una base electoral movilizada y recursos para defender sus escaños. Además, los demócratas también reciben grandes donaciones y recurren a organizaciones externas para financiar sus campañas.
Pero la cantidad de dinero disponible no resuelve automáticamente los problemas políticos que pretende combatir.
Los anuncios pueden presentar a un candidato como defensor de los trabajadores, pero los votantes también observan sus facturas. Los discursos pueden prometer prosperidad, pero el precio del combustible aparece cada vez que un conductor se detiene ante un surtidor. Y las campañas pueden movilizar a los grandes donantes, aunque eso no garantiza que movilicen con la misma eficacia a los ciudadanos desencantados.
Trump tiene ante sí un problema que no se soluciona únicamente con más fondos: la distancia entre las expectativas creadas y la experiencia cotidiana de una parte del electorado.
Si los votantes republicanos de rentas modestas perciben que los principales beneficiarios de la política económica son los más ricos, mientras ellos soportan mayores costes de vida, la fidelidad partidista puede verse sometida a una prueba. No todos reaccionarán de la misma manera, ni el descontento económico se traducirá automáticamente en votos demócratas. Pero la posibilidad de que algunos electores castiguen al partido gobernante constituye un riesgo real.
El 3 de noviembre, la factura llega a las urnas
Las elecciones de mitad de mandato serán una prueba para el control republicano del Congreso y para la capacidad de Trump de mantener su influencia sobre el partido. La financiación permitirá a los candidatos ocupar espacio en los medios, desplegar equipos y disputar las carreras más ajustadas hasta el último momento.
Lo que no puede garantizar es que el electorado olvide la economía doméstica.
En Washington pueden contarse los millones recaudados, los anuncios contratados y los dólares invertidos en atacar al rival. En las gasolineras, en cambio, la cuenta es más sencilla: cuánto cuesta llenar el depósito y cuánto dinero queda después para pagar la compra, la vivienda y los demás gastos.
Quizá esa sea la diferencia entre la economía de los grandes donantes y la de los ciudadanos que votan. Para los primeros, la política puede ser una inversión con posibilidades de rentabilidad. Para los segundos, las decisiones políticas se convierten en parte de la factura mensual.
Trump puede poner su chequera al servicio de los candidatos republicanos. Los multimillonarios pueden contribuir a llenar sus arcas electorales. Pero el día de las elecciones habrá millones de ciudadanos que no acudirán a las urnas con un balance de inversiones bajo el brazo, sino con su propia experiencia económica.
Y hay una última paradoja: un presidente que convirtió la promesa de hacer grande de nuevo a Estados Unidos en su principal marca política necesita ahora gastar una fortuna para convencer a los votantes de que su gestión merece continuar.
La publicidad puede comprar atención. La confianza, sin embargo, no siempre está en venta.