Pedro Sánchez y Jose Luis Ábalos
El caso Koldo, también llamado caso Ábalos, es una trama de presunta corrupción en España relacionada con la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia del COVID y luego con Obra Pública. Los tres principales investigados son Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, el propio exministro y el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
Durante 2020, el Ministerio de Transportes adjudicó contratos millonarios para la compra de mascarillas a empresas sin experiencia previa en el sector sanitario. Una de estas empresas, vinculada a Koldo García, recibió más de 50 millones de euros. Según la investigación de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, se habrían pagado comisiones ilegales a cambio de facilitar estos contratos, en lo que se investiga como una red de cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y organización criminal.
Aunque José Luis Ábalos no había sido imputado judicialmente, el caso ha tenido un fuerte impacto político. El PSOE le exigió que dejara su escaño en el Congreso, pero él se negó, abandonó el grupo parlamentario socialista y pasó al Grupo Mixto, generando una crisis política dentro del partido.
El Tribunal Supremo ha decretado el ingreso en prisión provisional sin fianza para Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. El juez Leopoldo Puente ha tomado esta decisión al considerar que existe riesgo de fuga o de que el ex número 3 del partido oculte, altere o destruya pruebas relevantes sobre su supuesta participación en la trama.
Durante la investigación del llamado caso Koldo, la UCO detectó que la red no solo operó en la adquisición de material sanitario durante la pandemia, sino que también habría extendido su actividad a otros ámbitos, especialmente el de la obra pública, donde las comisiones ilegales podrían haberse articulado en colaboración con varias empresas constructoras.
El informe revela que empresarios del sector de la construcción pactaban pagos ilícitos a cambio de adjudicaciones públicas, intermediados presuntamente por miembros del círculo de Koldo García. Estas prácticas incluirían el inflado de presupuestos y el uso de facturas falsas para justificar el desvío de fondos.
Entre los contratos bajo sospecha figuran obras relacionadas con puertos, aeropuertos y estaciones ferroviarias, competencias del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. Algunos de estos proyectos habrían sido canalizados a través de empresas públicas como Adif y Puertos del Estado.
Los pagos detectados superan el millón de euros en comisiones, y la UCO sigue rastreando el paradero del dinero, parte del cual habría sido blanqueado mediante sociedades pantalla, compras inmobiliarias y transferencias a paraísos fiscales.
El informe también apunta a otros altos cargos públicos y técnicos que podrían haber tenido conocimiento o participación en el sistema de adjudicaciones. A raíz de esto, la Fiscalía Anticorrupción amplió la investigación inicial sobre las mascarillas para abarcar una posible trama de corrupción estructurada y continuada en varios niveles de la administración.
Entre lo rocambolesco de la historia está el que el PSOE nombra a Santos Cerdán secretario de Organización y sucesor al frente del partido para depurar las responsabilidades del exministro Ábalos.
La investigación sigue abierta y ocupa un lugar destacado cada día en la prensa española.
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