Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales después de perder en el Congreso los decretos sobre vivienda, en un momento marcado por la crisis habitacional, la tensión política y las consecuencias de la crisis migratoria de Ceuta.
Los sondeos ofrecen fotografías diferentes, pero coinciden en señalar una competición abierta entre bloques y un crecimiento de Vox mientras la izquierda situada a la izquierda del PSOE afronta una nueva etapa de reorganización.
Un adelanto electoral provocado por el bloqueo parlamentario
Pedro Sánchez ha anunciado este lunes la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026. La decisión llega apenas tres días después de que el Congreso rechazara dos decretos ley impulsados por el Gobierno para hacer frente a la crisis de la vivienda.
En su declaración institucional, Sánchez ha presentado la convocatoria como la consecuencia de una legislatura desarrollada con un Congreso especialmente fragmentado y ha reclamado una mayoría parlamentaria más amplia para poder desarrollar su programa. El presidente ha situado las elecciones como el momento en que los ciudadanos deberán decidir qué proyecto político quieren para España.
La causa inmediata, sin embargo, es parlamentaria. Los dos decretos de vivienda fueron rechazados con los votos del PP, Vox, Junts y UPN. La posición de Junts resultó especialmente relevante porque volvió a poner de manifiesto la dificultad del Gobierno para mantener una mayoría estable con la que aprobar iniciativas de cierta importancia.
El problema no era nuevo. Sánchez gobierna desde 2023 con una mayoría parlamentaria muy ajustada y dependiente de acuerdos con distintas formaciones. El fracaso de los decretos de vivienda ha servido como prueba de que la aritmética parlamentaria se había convertido en un obstáculo difícil de superar.
El Ejecutivo podía intentar continuar negociando iniciativa a iniciativa, pero la alternativa implicaba afrontar una legislatura cada vez más condicionada por la necesidad de encontrar apoyos para cada votación. El presidente ha optado finalmente por trasladar esa situación a las urnas.
La vivienda se convierte en el principal campo de batalla
La vivienda ha pasado en pocos meses de ser una de las principales preocupaciones sociales a convertirse en el eje de la agenda política. El problema combina el incremento de los precios de compra, el encarecimiento de los alquileres, la escasez de oferta y las dificultades de acceso de jóvenes y familias.
El propio Gobierno había aprobado a finales de septiembre un paquete de medidas extraordinarias. El decreto contemplaba, entre otras actuaciones, una prórroga extraordinaria de determinados contratos de alquiler y limitaciones temporales a la actualización de rentas. El texto justificaba las medidas por el incremento de los precios de la vivienda, que según los datos utilizados por el Gobierno habían aumentado un 12,9 % interanual en el cuarto trimestre de 2025.
El rechazo parlamentario llegó además después de una movilización social vinculada a los problemas de acceso a la vivienda y a los desahucios. El caso de una mujer de 87 años desalojada de su vivienda en Madrid se convirtió en uno de los símbolos de las protestas y contribuyó a situar la vivienda en el centro de la discusión política.
Para el PSOE, el asunto ofrece un terreno en el que puede intentar recuperar iniciativa política. La vivienda es una preocupación transversal y no exclusivamente vinculada al electorado de izquierdas. Para el PP y Vox, en cambio, el fracaso de los decretos permite presentar al Gobierno como incapaz de solucionar un problema que lleva años agravándose.
La cuestión será ahora determinar si la campaña electoral se articula principalmente alrededor de la vivienda o si otros asuntos, como inmigración, seguridad, corrupción, fiscalidad o la relación con Cataluña, vuelven a ocupar el primer plano.
Ceuta, el otro gran factor de desgaste
La convocatoria se produce además después de una de las crisis más graves de la legislatura: la entrada masiva de migrantes en Ceuta durante el verano.
La crisis fronteriza ha generado una fuerte controversia política sobre la actuación del Gobierno, la coordinación de los servicios de seguridad y el papel desempeñado por Marruecos. Sánchez ha defendido que no existían informes que permitieran anticipar la magnitud del episodio y ha explicado que la situación fue consecuencia de múltiples factores.
La oposición ha ofrecido una interpretación diferente. PP y Vox han utilizado la crisis para cuestionar la política migratoria y la gestión de las fronteras, mientras que también algunos socios parlamentarios del Gobierno, entre ellos ERC, Junts y PNV, han expresado críticas sobre la gestión de la crisis y las alertas previas.
Los datos del CIS publicados en septiembre mostraban que la vivienda seguía siendo el principal problema citado por los ciudadanos, con un 37,5 % de menciones. La inmigración aparecía en tercer lugar, con un 19,7 %, mientras que un 4,8 % mencionaba específicamente la crisis con Marruecos y las fronteras de Ceuta y Melilla.
La crisis de Ceuta no ha desplazado a la vivienda como principal preocupación ciudadana, pero sí ha introducido un asunto especialmente relevante para el debate entre PP y Vox y ha proporcionado a ambos partidos un argumento para cuestionar la política migratoria del Gobierno.
La corrupción, otro factor que pesa sobre el Gobierno
La vivienda no es el único elemento que explica el adelanto electoral. Los casos judiciales relacionados con dirigentes y personas del entorno del PSOE han acompañado a Pedro Sánchez durante buena parte de la legislatura y se han convertido en uno de los principales argumentos de la oposición para reclamar un cambio político.
El caso Koldo, las investigaciones sobre José Luis Ábalos y Santos Cerdán, las causas que afectan a Begoña Gómez y al hermano del presidente, así como la situación del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han mantenido la corrupción y el supuesto “lawfare” en el centro del debate político. No todos estos procedimientos tienen la misma naturaleza ni afectan directamente al Gobierno, y varios continúan pendientes de resolución judicial, pero su acumulación ha tenido un efecto evidente sobre el clima político.
El PP ha convertido este conjunto de causas en uno de sus principales argumentos contra Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ha situado al presidente en el centro de las responsabilidades políticas y ha reclamado elecciones durante meses. El Partido Popular llegó a presentar en junio un denominado mapa de la corrupción del PSOE, en el que agrupaba 15 procedimientos judiciales y responsabilizaba políticamente al entorno de Sánchez. Se trata, en cualquier caso, de una caracterización política del PP y no de una conclusión judicial sobre el conjunto de las causas.
Vox ha mantenido una posición todavía más contundente y ha situado directamente a Sánchez como responsable político de los distintos casos. Para la formación de Santiago Abascal, la corrupción forma parte de un argumento más amplio contra el actual sistema político y contra lo que denomina el entorno del Gobierno.
La respuesta de Sánchez ha consistido en separar las distintas causas y negar que exista una trama de corrupción que afecte al conjunto del Gobierno o al PSOE como organización. En su comparecencia ante el Congreso de junio, el presidente distinguió entre el caso de corrupción protagonizado presuntamente por personas concretas vinculadas al PSOE, otras investigaciones todavía abiertas y lo que calificó de campaña política destinada a presentar una imagen de corrupción generalizada. Sánchez ha defendido además que su Gobierno ha actuado contra los casos conocidos y ha rechazado asumir responsabilidades políticas por investigaciones que afectan a familiares o antiguos colaboradores.
La cuestión llegará a la campaña con una dificultad adicional para el PSOE: diferenciar entre responsabilidad política y responsabilidad judicial. Una investigación, una imputación, un procesamiento o una condena no tienen el mismo significado jurídico. La campaña, sin embargo, previsiblemente utilizará los casos como elemento de desgaste político, mientras el Gobierno intentará presentarlos como actuaciones individuales que no invalidan su gestión.
Para el PP y Vox, el objetivo será convertir la corrupción en una cuestión de confianza política en torno al presidente. Para el PSOE, el reto será evitar que los procedimientos judiciales desplacen completamente el debate sobre sus políticas económicas y sociales. La propia decisión de convocar elecciones en este contexto permite a los ciudadanos trasladar el debate de los tribunales a las urnas.
Una economía que crece, pero que no siempre se percibe en la calle
Existe otra paradoja que puede marcar la campaña: los principales indicadores macroeconómicos describen una economía española con un crecimiento relativamente elevado, pero esa evolución no se traduce necesariamente en una sensación equivalente de bienestar entre los ciudadanos.
El Gobierno elevó en junio su previsión de crecimiento del PIB para 2026 hasta el 2,6 %, cuatro décimas más que su estimación anterior. La Comisión Europea, con una previsión algo más prudente, calcula un crecimiento del 2,4 % para este año. En ambos casos, España aparece creciendo a un ritmo superior al de la zona euro. El empleo también mantiene una evolución positiva y la previsión comunitaria sitúa la tasa de paro en el 9,9 % para 2026.
Sobre el papel, son cifras favorables. El problema político está en cómo se trasladan esos datos a la economía doméstica. El PIB puede crecer mientras una familia continúa teniendo dificultades para pagar el alquiler o comprar una vivienda, mientras los precios de los alimentos y los servicios aumentan o mientras una parte importante de los trabajadores percibe que su capacidad adquisitiva mejora poco.
La inflación ofrece una explicación parcial de esa distancia. El indicador adelantado del INE situó el IPC interanual en el 4,9 % en septiembre, seis décimas más que en agosto y la tasa más elevada de los últimos meses. La inflación subyacente se situó en el 3,1 %. El repunte se explica en buena medida por los combustibles, aunque afecta a una cesta de consumo mucho más amplia.
Esto genera una diferencia importante entre los datos acumulados y la experiencia cotidiana. Que los salarios, el empleo o el PIB mejoren no significa que los hogares recuperen automáticamente la sensación de prosperidad perdida durante los años de inflación. Además, el problema de la vivienda concentra precisamente esa contradicción: una economía que crece y crea empleo puede seguir teniendo un acceso cada vez más difícil a la vivienda en determinadas ciudades.
Esta diferencia entre macroeconomía y economía percibida puede ser especialmente importante en unas elecciones dominadas por la vivienda. Para un ciudadano que tiene empleo pero no puede acceder a una vivienda, o que ve aumentar sus gastos habituales más rápido que sus ingresos, una tasa de crecimiento del PIB del 2,4 % o del 2,6 % tiene una relevancia mucho menor que el precio del alquiler, la cuota hipotecaria o la cesta de la compra.
La economía, por tanto, presenta un escenario menos sencillo del que podrían sugerir los titulares sobre crecimiento. El Gobierno llega a las elecciones con argumentos económicos objetivos para defender su gestión, pero también con un problema político: conseguir que esos datos se traduzcan en una percepción de mejora de las condiciones de vida. En paralelo, la oposición intentará que el debate se centre precisamente en esa distancia entre las estadísticas y la experiencia cotidiana.
¿Qué dicen los sondeos?
Las encuestas disponibles antes de la convocatoria ofrecen una fotografía menos uniforme de lo que podría sugerir una lectura rápida de los titulares. El denominador común es que el PP aparece por delante del PSOE en varios de los principales estudios privados y que Vox ha aumentado su peso electoral respecto a anteriores mediciones.
El sondeo de 40dB para EL PAÍS y Cadena SER, realizado entre el 25 y el 28 de septiembre, situaba al PP en el 31,6 % de intención de voto, al PSOE en el 27,4 % y a Vox en el 18,4 %. Sumar obtenía una estimación muy inferior a la de las últimas elecciones generales y Podemos se situaba en el 2,7 %. La suma de PP y Vox alcanzaba el 50 % del voto estimado en esa encuesta.
El CIS de septiembre ofrecía una fotografía diferente. El PSOE aparecía como primera fuerza con un 31 %, seguido del PP con el 25,5 % y Vox con el 16,6 %. En este caso, por tanto, el partido de Sánchez continuaba por delante del PP, aunque también se apreciaba un retroceso socialista respecto a la medición anterior y un crecimiento de Vox.
Otros institutos privados apuntaban en una dirección similar a 40dB. Sigma Dos situaba en septiembre al PP en el 33,1 %, al PSOE en el 25,4 % y a Vox en el 17,9 %, mientras que GAD3 calculaba un 31,1 % para el PP, un 26,1 % para el PSOE y un 19,2 % para Vox.
Las diferencias entre institutos son importantes y muestran por qué conviene utilizar las encuestas como fotografías de un momento determinado y no como pronósticos cerrados. Además, todavía quedan casi ocho semanas hasta la votación y una campaña electoral puede modificar la distribución del voto, especialmente en un sistema como el español, en el que la conversión de votos en escaños depende de cada circunscripción.
La incógnita de la izquierda
Uno de los elementos que más puede condicionar las elecciones es la situación del espacio político situado a la izquierda del PSOE.
Sumar afronta los comicios en pleno proceso de reorganización. La nueva coalición, que adoptará el nombre de Frente Amplio y agrupa inicialmente a Sumar, IU, Más Madrid y los comunes, prevé presentar su proyecto y a su cabeza de lista el 17 de octubre.
Podemos, por su parte, mantiene su propia estructura y ha planteado unas primarias abiertas para elegir candidato. La cuestión de si ambas formaciones concurrirán juntas o separadas será uno de los elementos estratégicos más importantes de la campaña.
Los resultados de 2023 demostraron la importancia que puede tener cada voto dentro de este espacio. Una izquierda fragmentada puede tener efectos diferentes según la provincia y el tamaño de las circunscripciones, por lo que el porcentaje nacional no permite conocer por sí solo cuál será el reparto final de escaños.
El PP recibe la convocatoria como una oportunidad electoral
El Partido Popular llevaba semanas reclamando elecciones anticipadas. Tras el fracaso de los decretos de vivienda, el PP pidió directamente a Sánchez que disolviera las Cortes.
Alberto Núñez Feijóo ha situado la vivienda entre las prioridades de su discurso y ha presentado el problema como uno de los principales ejemplos del fracaso de la política del Gobierno. Los populares también han mantenido durante toda la crisis de Ceuta una posición muy crítica con la gestión de las fronteras y la política migratoria.
La primera reacción del PP ante la convocatoria ha sido, por tanto, la de una formación que llevaba tiempo reclamando el adelanto electoral. La campaña permitirá a Feijóo intentar convertir la ventaja que le conceden varios sondeos privados en una mayoría parlamentaria suficiente para formar Gobierno.
Pero existe una segunda incógnita: la relación con Vox. El crecimiento de la formación de Santiago Abascal en varios sondeos ha modificado el equilibrio interno de la derecha. El PP necesita mantener una posición dominante dentro de ese bloque, mientras Vox busca ampliar su representación y aumentar su capacidad de influencia.
Vox quiere evitar el exceso de confianza
Santiago Abascal ha celebrado la convocatoria, pero ha pedido prudencia ante los datos de las encuestas. El líder de Vox ha recordado que los sondeos no garantizan un resultado electoral y ha reclamado mantener la movilización hasta el 29 de noviembre.
La estrategia de Vox combina varios de los asuntos que han marcado la última parte de la legislatura: inmigración, seguridad, vivienda y crítica al Gobierno de Sánchez. La crisis de Ceuta ofrece a la formación un argumento central en materia migratoria, mientras que la vivienda le permite competir también por un electorado preocupado por el coste de la vida.
El escenario que plantean los sondeos sitúa además una cuestión que será decisiva después de las elecciones: no solo cuántos escaños obtiene cada partido, sino cuál es la relación de fuerzas entre PP y Vox y qué posibilidades existen de articular una mayoría parlamentaria.
Junts vuelve a ser un actor decisivo
La decisión de Junts de votar contra los decretos de vivienda ha sido uno de los factores inmediatos que han conducido a la convocatoria. La formación de Carles Puigdemont ha defendido que sus propuestas sobre vivienda no fueron suficientemente atendidas y ha acusado al Gobierno de anteponer sus intereses electorales.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha planteado precisamente la alternativa en esos términos: si Sánchez priorizaba la negociación sobre vivienda, todavía podía intentar alcanzar un acuerdo; si priorizaba al PSOE y la convocatoria electoral, las urnas serían la siguiente estación.
La ruptura entre el PSOE y Junts tiene una importancia que va más allá de la votación concreta. Desde 2023, Sánchez ha necesitado los votos de diferentes partidos nacionalistas e independentistas para sostener su mayoría parlamentaria. La dificultad para mantener ese equilibrio ha terminado siendo uno de los factores estructurales de la legislatura.
Sumar afronta las elecciones con una nueva fórmula
El espacio de Sumar ha reaccionado defendiendo que está preparado para concurrir a las elecciones con el Frente Amplio. La nueva formación pretende convertir la vivienda en uno de los ejes centrales de su campaña y reivindicarse como una alternativa situada a la izquierda del PSOE.
Su principal dificultad será llegar a las urnas con una candidatura suficientemente consolidada y evitar que la división del espacio progresista reduzca su representación parlamentaria. La definición del liderazgo y las posibles negociaciones con Podemos serán dos de los asuntos que marcarán las próximas semanas.
Una campaña en la que se cruzarán vivienda, inmigración y corrupción
La campaña del 29 de noviembre parte, por tanto, de varios conflictos superpuestos.
La vivienda ofrece al PSOE y a la izquierda un terreno para reclamar políticas de intervención y protección de los alquileres, mientras PP y Vox pueden utilizar el fracaso parlamentario para cuestionar la capacidad del Ejecutivo.
La inmigración y la seguridad fronteriza constituyen uno de los principales argumentos de PP y Vox, especialmente después de la crisis de Ceuta.
La corrupción y las investigaciones que afectan al entorno del PSOE forman otro frente que previsiblemente ocupará parte del debate electoral. El Gobierno intentará centrar la discusión en sus políticas sociales y económicas, mientras la oposición utilizará los casos judiciales para cuestionar la gestión socialista.
Y, finalmente, estará la propia cuestión de la gobernabilidad. Los ciudadanos no elegirán directamente al presidente del Gobierno, sino un Congreso fragmentado que posteriormente deberá construir una mayoría de investidura.
El 29 de noviembre abre un escenario todavía incierto
La convocatoria anticipada modifica por completo el calendario político español. El decreto de convocatoria se publicará el 6 de octubre, la campaña comenzará oficialmente el 13 de noviembre y las encuestas dejarán de publicarse a partir del 23 de noviembre. La jornada electoral será el domingo 29 de noviembre.
Los sondeos disponibles en estos primeros días de octubre muestran un escenario con diferencias importantes entre institutos. La mayoría de los estudios sitúan al PP por delante del PSOE y a PP y Vox por encima de la mitad del voto estimado; el CIS mantiene al PSOE como primera fuerza. En todos los casos, Vox aparece con mayor peso que en las elecciones de 2023 y el espacio situado a la izquierda del PSOE afronta una situación más complicada.
Eso permite identificar las principales variables de la campaña, pero no anticipar el resultado. La movilización, la participación, la distribución territorial del voto, la configuración definitiva de las candidaturas de la izquierda y la evolución de la vivienda y de la cuestión migratoria pueden alterar significativamente la fotografía actual.
España llega así al 29 de noviembre con una legislatura que termina antes de lo previsto y con una campaña que, previsiblemente, girará alrededor de una pregunta más amplia que la propia continuidad de Pedro Sánchez: qué mayoría parlamentaria será capaz de formarse después de las elecciones y qué modelo de Gobierno podrá sostenerla.