El caso Epstein, los negocios de su familia, las polémicas financieras, los ataques a periodistas y los nombramientos controvertidos dibujan una legislatura marcada por los escándalos. La guerra de Irán añade presión a una campaña en la que algunos republicanos preferirían que el presidente mantuviese un perfil más bajo.
Trump convierte las elecciones de mitad de mandato en un plebiscito sobre su presidencia
Las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre debían servir para renovar el Congreso y medir el desgaste habitual del partido que ocupa la Casa Blanca. Sin embargo, Donald Trump ha conseguido que la campaña gire, en buena medida, alrededor de su propia figura. Sus decisiones, declaraciones y controversias se han convertido en un asunto central para los candidatos republicanos, incluso para aquellos que preferirían hablar de economía, empleo o problemas locales.
La paradoja es que el presidente ha convertido estas elecciones en un examen de su propia gestión cuando una parte de su partido habría preferido mantenerlo en un segundo plano. Los republicanos se enfrentan así a una campaña en la que no siempre pueden separar su suerte electoral de las polémicas de Trump.
Una legislatura rodeada de escándalos
El segundo mandato de Trump acumula controversias en ámbitos muy distintos. Algunas afectan a la gestión de la Casa Blanca; otras, a los intereses económicos del presidente y su familia. También hay investigaciones periodísticas, acusaciones que todavía no han sido probadas y episodios que han provocado dimisiones o ceses dentro de la Administración.
El denominador común es la dificultad para separar los intereses privados del entorno presidencial de las responsabilidades públicas.
El caso Epstein: una crisis que Trump no ha conseguido cerrar
La gestión de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero condenado por delitos sexuales y acusado de explotar a menores, se ha convertido en uno de los principales problemas políticos de Trump.
El presidente había prometido transparencia sobre el caso, pero la publicación de los archivos y la gestión del Departamento de Justicia provocaron críticas, también entre sus propios simpatizantes. Los retrasos, las dudas sobre las partes censuradas y las contradicciones de la Administración alimentaron las sospechas de quienes reclamaban conocer toda la documentación.
La controversia volvió a situar bajo escrutinio la antigua relación social entre Trump y Epstein. La aparición de su nombre en documentos o referencias no demuestra participación en los delitos del financiero, algo que debe distinguirse de las preguntas legítimas sobre lo que el presidente sabía y sobre la transparencia de su Gobierno.
El enfrentamiento llegó también a los tribunales. El 31 de octubre, un juez desestimó por segunda vez la demanda de Trump contra The Wall Street Journal por su información sobre una supuesta carta incluida en el álbum de cumpleaños de Epstein. La decisión judicial no acredita por sí misma la autenticidad de la carta, pero supone otro revés para la estrategia del presidente de combatir las informaciones mediante demandas millonarias.
Los negocios familiares y los posibles conflictos de intereses
Uno de los asuntos más delicados es el crecimiento de los negocios de la familia Trump durante su regreso a la Casa Blanca.
Las operaciones relacionadas con las criptomonedas han adquirido especial protagonismo. Una investigación de Reuters publicada en junio de 2026 estimó que Trump y su familia habían obtenido alrededor de 2.300 millones de dólares de cuatro negocios vinculados a este sector, mientras que los inversores externos acumulaban pérdidas de una magnitud similar.
Entre los proyectos figuran World Liberty Financial, la criptomoneda $TRUMP y otras inversiones relacionadas con activos digitales. El problema político no es únicamente la dimensión económica de estas operaciones, sino la coincidencia entre los intereses empresariales familiares y las decisiones regulatorias de la Administración.
La situación plantea preguntas sobre los posibles conflictos de intereses y sobre la influencia que pueden ejercer personas próximas al presidente. No todas las operaciones implican necesariamente una irregularidad, pero la ausencia de una separación clara entre el poder político y los negocios familiares alimenta las críticas.
El patrimonio presidencial se dispara
Las declaraciones financieras publicadas en junio reflejaron que Trump había obtenido más de 2.200 millones de dólares de ingresos durante 2025, frente a unos 622 millones en 2024. Sus activos declarados alcanzaban al menos 2.400 millones de dólares, aunque los formularios oficiales utilizan intervalos que impiden conocer con exactitud el valor total.
El crecimiento de su fortuna ha sido especialmente rápido desde su regreso a la Casa Blanca y está relacionado, en buena medida, con las criptomonedas y los negocios asociados a su marca.
La cuestión política es evidente: mientras el Gobierno adopta decisiones que afectan a sectores económicos enteros, el presidente y su familia participan en negocios que pueden verse beneficiados por cambios regulatorios y decisiones públicas.
La Casa Blanca y la manipulación de los mercados
Los anuncios económicos de Trump, especialmente sobre aranceles, han provocado fuertes oscilaciones en los mercados financieros. Los cambios de criterio y las rectificaciones presidenciales han generado episodios de volatilidad que han beneficiado a algunos operadores y perjudicado a otros.
También se han publicado investigaciones sobre operaciones bursátiles de funcionarios y personas próximas a la Administración antes de anuncios económicos importantes. Estas informaciones han alimentado sospechas sobre un posible uso de información privilegiada.
No está demostrado que Trump haya manipulado personalmente los mercados ni que haya participado en operaciones ilegales. Sin embargo, la sucesión de anuncios, amenazas y rectificaciones desde la Casa Blanca ha convertido la política económica presidencial en una fuente constante de incertidumbre financiera.
Dos portavoces en pocos días: cinco jornadas para una nueva secretaria de prensa
La inestabilidad también ha alcanzado al equipo de comunicación presidencial. Karoline Leavitt abandonó el puesto de secretaria de prensa en agosto de 2026. Su sustituta, Katie Zacharia, fue nombrada en octubre, pero apenas permaneció cinco días en el cargo antes de ser apartada.
La brevedad de su etapa y las dudas sobre su perfil profesional generaron nuevas preguntas sobre los criterios utilizados por Trump para elegir a sus colaboradores. Zacharia procedía del entorno de comunicación de Trump Media, la empresa vinculada a Truth Social.
El episodio dejó nuevamente al descubierto la improvisación y las tensiones internas en el equipo presidencial. En plena campaña electoral, la Casa Blanca tuvo que afrontar otra crisis de comunicación.
Los ataques sexistas a periodistas
Trump ha protagonizado numerosos enfrentamientos con periodistas, algunos de ellos especialmente agresivos cuando las preguntas procedían de mujeres.
En noviembre de 2025 llamó «piggy» —cerdita— a Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg, cuando le preguntaba por los documentos de Epstein. Días después calificó de «persona terrible» a Mary Bruce, de ABC News, y llamó «estúpida» a otra periodista de CBS. También dirigió insultos personales contra Katie Rogers, corresponsal de The New York Times.
No se trata únicamente de enfrentamientos con medios críticos. Las descalificaciones personales han desplazado en ocasiones el debate sobre las preguntas planteadas y han obligado a la propia Casa Blanca a justificar el comportamiento del presidente.
La embajadora que era la expareja de su hijo
Uno de los nombramientos más controvertidos fue el de Kimberly Guilfoyle como embajadora de Estados Unidos en Grecia. Guilfoyle había sido prometida de Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente, antes de que ambos rompieran su relación.
Su nombramiento ya había generado críticas por la cercanía personal con la familia presidencial. Pero su etapa diplomática terminó envuelta en acusaciones mucho más graves.
Según informaciones publicadas por The Wall Street Journal, The Washington Post y otros medios, Guilfoyle habría solicitado a un donante republicano 100.000 dólares para pagar una deuda personal de tarjeta de crédito y habría ofrecido facilitarle el acceso a altos cargos de la Administración. También se publicaron informaciones sobre sus relaciones con empresarios griegos, posibles regalos y la promoción de intereses empresariales privados.
Guilfoyle negó las acusaciones y cuestionó la autenticidad de algunos documentos. Sin embargo, el Departamento de Estado abrió una investigación y la Casa Blanca le pidió que dimitiera el 13 de octubre. La exembajadora anunció su salida ese mismo día.
El caso ha alimentado las críticas sobre el uso de los nombramientos diplomáticos para recompensar la lealtad personal y política al presidente.
Los republicanos querían hablar de sus propios candidatos
La acumulación de controversias ha complicado la estrategia electoral republicana. Una parte de los estrategas del partido prefería que los candidatos en distritos competitivos centrasen sus campañas en los asuntos locales y evitasen convertir cada elección en un referéndum sobre Trump.
Algunos aspirantes han reducido las referencias al presidente en sus materiales electorales, mientras otros intentan combinar su apoyo a la Casa Blanca con promesas de discrepar cuando los intereses de sus estados lo exijan.
La operación resulta complicada. Trump reclama lealtad pública y participa activamente en la campaña, con mítines y declaraciones en los que presenta las elecciones como una defensa de su proyecto político. De esta manera, los candidatos republicanos quedan asociados tanto a sus logros como a sus decisiones más impopulares.
La oposición demócrata está aprovechando esa vinculación. Su mensaje consiste en presentar a los aspirantes republicanos como colaboradores de las políticas presidenciales, especialmente en asuntos como la guerra de Irán, los aranceles y el coste de la vida.
Irán: una guerra que podría reanudarse después de las urnas
La guerra contra Irán es uno de los factores que más complican la campaña republicana. Trump llegó a la presidencia con el compromiso de evitar nuevos conflictos prolongados en Oriente Próximo, pero la intervención militar iniciada junto a Israel ha terminado convirtiéndose en una guerra que se prolonga desde hace meses.
El conflicto tiene consecuencias económicas, especialmente por su impacto sobre los mercados energéticos y el precio de los combustibles. El encarecimiento del transporte y de la energía repercute también en la agricultura, la distribución y el precio de los alimentos.
La guerra tampoco cuenta con un respaldo mayoritario entre los ciudadanos. Una parte importante de la población teme que el conflicto se prolongue y que Estados Unidos termine implicado en una nueva intervención de larga duración.
El calendario militar ha adquirido además una dimensión electoral. En septiembre, Reuters informó de que algunos asesores de Trump estaban presionando para evitar una escalada antes de las elecciones de noviembre, por temor a que el conflicto perjudicase a los candidatos republicanos.
El propio presidente afirmó el 8 de octubre que Estados Unidos no atacaría Irán antes de las elecciones legislativas. Sin embargo, la posibilidad de reanudar las operaciones militares sigue abierta.
Este 1 de noviembre, Axios ha informado de una conversación entre Trump y Benjamin Netanyahu sobre las negociaciones con Irán y la posibilidad de reanudar los ataques. Según fuentes estadounidenses e israelíes citadas por el medio, el primer ministro israelí estaría presionando para que la ofensiva se produzca inmediatamente después de las elecciones del martes.
Trump, por ahora, prefiere dar más tiempo a las negociaciones, aunque mantiene abiertas las opciones militares y los preparativos para una posible reanudación de los combates.
No está confirmado que exista una decisión definitiva de atacar después de las elecciones. Sí hay informaciones sobre la presión israelí y sobre los preparativos militares estadounidenses. La diferencia es importante: una cosa es que la opción esté sobre la mesa y otra que exista una orden de ataque.
En cualquier caso, el calendario resulta políticamente significativo. Una nueva ofensiva inmediatamente después de las elecciones alimentaría las críticas de quienes consideran que la Casa Blanca ha condicionado su política exterior a sus necesidades electorales. Y si la guerra se prolonga, los republicanos tendrían que defender una intervención que contradice una de las promesas que contribuyeron al regreso de Trump al poder.
Una popularidad que pasa factura al Partido Republicano
El principal problema electoral de Trump es su baja valoración entre los ciudadanos. La encuesta Reuters/Ipsos publicada el 26 de octubre situaba su aprobación en el 32%, un punto por encima del mínimo registrado la semana anterior. En la misma encuesta, los demócratas aventajaban a los republicanos por 47% frente a 36% en la pregunta sobre qué partido votarían los ciudadanos si las elecciones se celebrasen ese día.
Otros sondeos publicados en octubre también reflejan un nivel de desaprobación superior al de aprobación. Las cifras varían según la metodología y el tipo de votante consultado, pero dibujan un escenario de desgaste presidencial.
La economía sigue siendo una de las principales preocupaciones. Los precios de la energía, los alimentos y otros productos básicos se han convertido en asuntos especialmente sensibles, mientras los aranceles y la guerra de Irán añaden incertidumbre.
El problema para los republicanos no es solo que algunos electores hayan dejado de apoyar al presidente. También preocupa la movilización: distintos sondeos muestran una elevada disposición de los votantes demócratas a participar en las elecciones, lo que podría resultar determinante en distritos muy competidos.
Un Congreso en juego y una factura política para Trump
Los republicanos defienden mayorías muy ajustadas en ambas cámaras: 218-214 en la Cámara de Representantes y 53-47 en el Senado. Perder el control de cualquiera de ellas tendría consecuencias para la segunda mitad del mandato presidencial.
Una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes podría intensificar las investigaciones parlamentarias sobre la Administración, sus decisiones en Irán y los posibles conflictos de intereses del presidente y su entorno. También dificultaría la aprobación de nuevas iniciativas legislativas y aumentaría el control del Congreso sobre el gasto público.
La derrota abriría además una etapa de disputas dentro del Partido Republicano sobre el futuro del movimiento MAGA y la sucesión de Trump de cara a 2028. Algunos dirigentes podrían reclamar una mayor autonomía respecto al presidente y una estrategia capaz de recuperar a votantes moderados, suburbanos e hispanos.
No obstante, la baja popularidad presidencial no determina por sí sola el resultado. Las elecciones legislativas dependen también de los candidatos, de las particularidades de cada estado y distrito, de la participación y de la capacidad de los demócratas para convertir el descontento en apoyo a sus propias propuestas.
Trump ha querido que estas elecciones sean un plebiscito sobre su presidencia. Los republicanos afrontan ahora el riesgo de que los votantes acepten esa invitación. Y, mientras se cuentan las papeletas, la guerra de Irán seguirá sobre la mesa: una cuestión internacional que puede acabar teniendo consecuencias directas sobre el futuro político de Washington.